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V PREDICARTE

Venezuela: Informe de Justicia y Paz OP

Venezuela1Dada la grave situación por la que atraviesa Venezuela, desde Justicia y Paz O.P. Venezuela queremos dirigirnos a toda la Orden, en especial a las promotorías de Justicia y Paz, para comunicarles nuestro punto de vista sobre la situación de crisis política, económica y social en la que se encuentra nuestro país y dar a conocer un poco nuestra acción en esta situación.

Quizás han escuchado algunas noticias por los medios de comunicación, como también es probable que tengan acceso a informes de especialistas, analistas de las ciencias políticas, sociales y económicas que brindan información veraz a partir de datos científicos que nos acercan a la situación de Venezuela hoy. Ante la situación que este país vive, es seguro se pregunten por el estado de nuestras vidas, las acciones que realizamos ante esta situación, como también, se preguntarán de qué manera pueden ustedes ayudarnos.

De nuestra parte es importante sabernos escuchados por hermanos con quienes, aún en la distancia geográfica, permanecemos unánimes en la vida común por el ministerio de la Predicación de la Buena Nueva, a toda la humanidad, muchos han expresado su solidaridad desde la cercanía fraterna, tendiendo la mano solidaria con apoyo de medicamentos, etc., también han expresado su compañía y solidaridad en comunicados: Familia Dominicana de Bolivia y CIDALC. A todos, gracias por los gestos fraternos de compañía que muchos han manifestado, gracias por sus oraciones en las cuales nos sabemos presentes.

CONTEXTUALIZACIÓN

Venezuela se encuentra en una grave situación política, social y económica que se evidencia en una crisis humanitaria por la escasez y los altos costos para adquirir alimentos, atención médica y medicamentos. También vemos el alto índice de mortalidad de neonatos en algunos centros hospitalarios por causa de infecciones adquiridas en los mismos centros y que no tienen los recursos mínimos de mantenimiento sanitario entre otras.

La Operación de Liberación del Pueblo (O.L.P) es un plan de seguridad del estado para combatir la delincuencia. Sus operaciones se han constituido en procedimientos de ejecución. Consideremos que en Venezuela no existe pena de muerte. A esto se sumá el aumento de muertes por acción del hampa y delincuencia común.

Las libertades y derechos humanos son cada vez más restringidos y violados por el gobierno de manera evidente. Podemos verlo en las detenciones arbitrarias, juzgar a civiles en tribunales militares, prohibición y criminalización de la protesta pacífica, monopolio de los medios de comunicación, persecución y negación de divisas para los medios de comunicación independientes y críticos al gobierno, la creación y apoyo de grupos paramilitares llamados colectivos, muchos de ellos conformados por delincuentes de hampa común, de peligrosas barriadas, armados por el gobierno y a sus órdenes para amedrentar, destruyendo viviendas, conjuntos residénciales, vehículos, persiguiendo, torturando y matando a personas en las comunidades que han levantado su voz disidente y de protesta.

El gobierno venezolano viola las instituciones, la legalidad, las normas, el debido proceso para llevar adelante acciones legales, que son fundamentales en un estado de derecho, para la garantía, legitimidad y legalidad jurídica. La arbitrariedad llega al punto de quebrantar de manera evidente lo establecido en la Constitución Nacional, dentro de un estado de gobierno democrático, esto agrava seriamente la crisis que el gobierno se niega a reconocer, quizá por ser quien la ha causado.

Todos estos aspectos son graves y tienen una incidencia nacional a gran escala que afecta la cotidianidad de los ciudadanos de manera significativa, lamentablemente, en detrimento de su calidad de vida llevándole a una situación inhumana que parece agravarse por la situación económica del país, fruto de las políticas económicas implementadas por el gobierno, que han generado el país con el más alto índice de inflación del mundo, del cual se espera que supere en 1.500 % para este año. Por el contrario, el descenso del producto interno bruto (PIB) es significativamente negativo.

Las políticas de control cambiario, las medidas de control injerencista en toda la actividad económica, la poca claridad de normas que se traduce en inseguridad legal de la actividad económica, el gasto público del gobierno y la corrupción, sin duda, agravan considerablemente la crisis nacional y nos ponen en una perspectiva de futuro económico a corto y mediano plazo muy difícil.

Todo esto representa un aumento en el duro peso que deberá continuar sobrellevando la población venezolana, y que seguramente continuará aplastando a los más pobres aumentando las cifras de desnutrición y de muertes por no tener acceso al sistema de salud y de medicamentos; aumentará la deserción escolar y crecerá el número de venezolanos que emigrarán a otros países en condiciones precarias y en situación de riesgo para la explotación de trabajo, explotación sexual, todo tipo de contrabando y tráfico de drogas. Será más evidente el fiero rostro de la pobreza.

La explotación de materia prima como único sustento de nuestra económica es importante revisarla con lupa siguiendo el estudio de especialistas. Venezuela es un país rentista y petrolero, posee una administración de la empresa petrolera a discreción del gobierno bajo un modelo de gestión que ha llevado a esta al decaimiento. Se abandonó el mantenimiento e inversión para el desarrollo sostenido y sustentable, y se apartó de los estándares internacionales que mantenían a la empresa de crudo con una de las empresas con mayor éxito mundial. Hecho que se evidencia desde las producción inferior a la de años pasados.

De igual manera, el arco minero del Orinoco, como fuente de explotación intensiva para adquirir nuevos ingresos de financiamiento para el Estado. Esta nueva fuente de explotación minera no sólo tendrá el peligro de correr con la misma suerte en las irregularidades de la administración de la empresa petrolera PDVSA, fundamentalmente envuelta en un entramado de corrupción y mala gestión, sino que tendrá un gran impacto en el cuidado y conservación del ambiente afectándolo negativamente y de manera significativa e irreversible, con consecuencias para toda la región.

“La superficie de Venezuela que el pasado 24 de febrero se convirtió en parte del llamado Arco Minero del Orinoco es mayor que la que ocupan países como Bulgaria, Cuba, Islandia, Portugal y Panamá, para nombrar solo un puñado de naciones que no alcanza los 111.843,70 Kilómetros cuadrados que se ven afectados por el decreto 2.248 publicado en Gaceta Oficial 40.855.

El extenso territorio, que fue subdividido en cuatro áreas al sur del Orinoco y que equivale al 12,2 % del territorio nacional, es descrito en el decreto firmado por el presidente Nicolás Maduro como si fuera un nuevo mito de El Dorado en el que refulge no solamente la promesa del oro, sino también la de minas de diamante, bauxita, coltán, hierro, cobre, caolín, dolomita y tierras raras.” (Núñez, El Nacional, 2016)

Después de señalar, superficialmente algunos aspectos generales que muestran la crisis nacional, queremos destacar dos que son particularmente urgentes: la situación alimentaria y de salud.

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EMERGENCIA HUMANITARIA

El balance del panorama alimentario y nutricional 2016-2017 presentado por Susana Raffalli Arismendi colaboradora de Caritas Venezuela y especialista en el tema de alimentación en Venezuela, expone la situación alimentaria y de salud como: estado de emergencia.

Raffalli nos dice: “Triste que pasamos de dar una voz de alerta a buscar recursos internacionales para gastos funerarios. Nos encontramos con muertes de 4 a 6 niños, semanales, por desnutrición… Más adelante señala en su exposición: La crisis de seguridad alimentaria severa, con expresión ya de emergencia nutricional a escala humanitaria, porque el sistema de alimentación nacional fue destituido de su capacidad de abastecer las necesidades alimentarias agregadas de la población y las necesidades nutricionales específicas de grupos más vulnerables y en daño nutricional llegando a identificar casos de desnutrición severa, en formas de privación extrema, edematosas, en remisión en el mundo: Pelagra, kwashirkor… Finalmente entre las conclusiones expuestas señala: Sin recursos externos adicionales, ya de carácter humanitario porque de ellos depende la vida de venezolanos, no se podrá mitigar está crisis ni se resolverá”.

En relación al sector de salud, hacemos referencia a JoD´Elias, quien es amplio conocedor de la situación del sistema de salud de Venezuela, y quien, al contextualizar la situación del sistema sanitario señalaba: “De una crisis profunda hemos pasado a una emergencia humanitaria de características complejas… La escasez prolongada, la desestructuración del sistema sanitario y el racionamiento severo y arbitrario, con acceso limitado y bloqueos a mecanismos de asistencia humanitaria por ausencia de cooperación del Estado, está causando un ascenso exponencial de muertes sanitariamente evitables, enfermedades sin posibilidad de ser tratadas, epidemias en continua propagación y daños irreparables a las condiciones físicas y mentales de las personas”.

EL PROBLEMA CENTRAL: DESTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA

El estado actual de estos dos aspectos -alimentación y salud- nos ubican en una situación de emergencia humanitaria. Y todos los demás aspectos que conforman la vida en la sociedad venezolana, dejan ver que la situación de crisis nacional pasa por el problema central que es la destrucción de la democracia como forma de gobierno, de vida y organización social, en nuestra nación y la instalación de hecho de una dictadura.

Esta destrucción de democracia no sólo al estilo castro-comunista, sino llevada adelante, por asesoría de los dictadores cubanos. Estos agentes poseen presencia directa y masiva en las distintas áreas de la vida nacional, incluyendo el estamento de seguridad, en la Fuerza Armada Nacional.

Otra evidencia de la ruptura democrática y de la violación de la Constitución Nacional son las acciones del Gobierno Nacional a partir de la elección de la Asamblea Nacional en el 2015. Aclaramos que antes de estas elecciones, también se constatan hechos que violan la Constitución, procedimientos y normativas legales, muchas de ellas creadas por el mismo gobierno según sus intereses y medida.

En este mismo orden de ideas señalamos las elecciones de la Asamblea Nacional en 2015, como punto de referencia. A partir de ese momento se han sucedido violaciones consecutivas y graves que atañen la legitimidad y legalidad de los poderes e instituciones del Estado.

Con las elecciones parlamentarias el 6 de diciembre de 2015, la mayoría calificada de la Asamblea Nacional queda en manos del bloque opositor al gobierno nacional con 109 escaños, mientras que el gobierno sólo obtiene 55. Queda sin reconocerse a 4 diputados de representación indígena, de los cuales la oposición reclama 3 como suyos y a los cuales la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, suspendió provisionalmente su toma de posesión al cargo.

La causa ha sido una acusación por parte del oficialismo quienes acusan de un supuesto fraude electoral. De esta manera la oposición pierde la segunda mayoría calificada de dos terceras partes (2/3) que requiere 112 diputados, quedando como primera mayoría calificada con tres quintas partes (3/5) que requiere de 101 diputados.

La posterior juramentación e incorporación de los 3 diputados de la oposición en la asamblea Nacional, trajo como consecuencia la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) (Tribunal constituido de manera ilegal por muchas irregularidades), calificando a la Asamblea Nacional en desacato y todas sus decisiones como nulas mientras no desincorporen en sesión ordinaria a estos diputados. (Estos diputados, se desincorporan posteriormente, facilitando las condiciones para un dialogo que el Gobierno ha utilizado de manera engañosa, pues tampoco ha tenido realmente disposición para el diálogo).

Una vez ganadas las elecciones a favor del bloque opositor los diputados salientes de la Asamblea Nacional (de mayoría oficialista) proceden a nombrar Magistrados (jueces y sus suplentes) sin cumplir con la normativa establecida en cuanto a los tiempos, postulaciones, requisitos etc.

En este mismo orden de ideas, se sumarian barbaridades legales y jurídicas, como el nombramiento de jueces, entre ellos, a algunos que habían sido candidatos a diputados y que perdidas las elecciones, le facultan para juzgar en relación a cuestiones de la misma asamblea nacional, de la cual habían sido candidatos.

Con la incorporación de estos nuevos Jueces y suplentes, sin la aprobación de la nueva Asamblea Nacional y sin aprobación de, el Ministerio Público, la Fiscal y la secretaría no firman dichos nombramientos por las irregularidades en que fueron nombrados.

El Gobierno Nacional, actúa desde allí haciendo más evidente la inexistencia de independencia de poderes y colocando en mayor evidencia al TSJ, que se evidencia entonces como el brazo político del partido de gobierno usado para perseguir a la oposición y obstaculizar todas las salidas democráticas y constitucionalmente legales a la crisis política y social de la Nación.
A continuación mencionamos sólo algunos hechos que violan el estado de derecho y la Constitución Nacional que han dado origen a un período largo de protestas por parte de la ciudadanía:

- Mediante sentencias el TSJ ha venido limitando la inmunidad parlamentaria.
- Retraso de las elecciones regionales de manera injustificada. Las elecciones de gobernadores y de los parlamentos estadales se debieron realizar el año 2016, mientras que las municipales deberían realizarse en 2017.

- Anulación del referéndum revocatorio al Presidente de la República, mediante tropiezos, artimañas y escusas leguleyas y banales expuestas por el mismo Consejo Nacional Electoral, que le dejan en clara evidencia de no ser un poder independiente e imparcial.

- Sentencias del Tribunal Supremo de justicia dejando sin efecto decisiones de la Asamblea Nacional.

- Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, el 29 de marzo de 2017, anulando el Parlamento, con usurpación de poderes. Esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia deja en evidencia un golpe contra el Parlamento. A partir de esta decisión se inicia un largo período de protestas de la ciudadanía, en la calle, que lleva más de cuatro meses, con un gran saldo de muertes, “más de 126 asesinados en el contexto de las manifestaciones según el Ministerio Público, 5.058 detenidos 1.383 permanecen privados de libertad de acuerdo con el Foro Penal, 620 presos políticos certificados por la Organización de Estados Americanos” según informaba el diario El Nacional en los titulares de su portada del día 05 de agosto de 2017. Son muchos los atropellos, represión, violación al debido proceso para juzgar a civiles detenerlos y encarcelarlos.

Las protestas nacionales y de la comunidad internacional logran, por parte del gobierno, la rectificación de dicha sentencia, sin la sanción legal que amerita la decisión de esa sentencia anulando el Parlamento y usurpando sus funciones. Se rectifica formalmente la sentencia pero se continúa dejando sin efecto las decisiones de la Asamblea Nacional, y no cesa de obstaculizarse el trabajo, competencias, decisiones y recursos de la Asamblea Nacional dejándola sin poder de acción.

- El Presidente de la República convoca a una Asamblea Nacional Constituyente, atribuyéndose el poder originario constituyente, que reside en el pueblo y es este quien debe decidir si convoca a una constituyente o no, el Presidente puede tener la iniciativa y mediante un referéndum consultivo, la ciudadanía decide si convoca o no a una Constituyente, este procedimiento fue violado por el presidente y avalado por el Tribunal Supremo de Justicia, resolviendo una demanda de interpretación de los artículos 347 y 348 facultando de esta manera al Presidente para convocar a la Asamblea Nacional Constituyente, no siendo necesario ni constitucionalmente obligante un referéndum consultivo.

- Usurpación de competencias de la Fiscalía Nacional, por parte del Tribunal Supremo de Justicia, anulando el nombramiento de un vice-fiscal y haciendo un nuevo nombramiento. Posteriormente, por medio de la Constituyente se destituye a la fiscal y le sustituye temporalmente el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, quien es fiel militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), esto para evitar toda investigación y acción legal contra las irregularidades del gobierno y de sus personeros en los diferentes ámbitos de su accionar, donde generalmente lo hacen desde la ilegalidad y corrupción, según se deja ver durante estas casi dos décadas de gestión.

No olvidemos recordar que la fiscal destituida, Luisa Ortega Díaz viene de las filas del chavismo y en muchos de los casos respondía a las líneas de la revolución socialista del siglo XXI, según ella, apegada a la legalidad y derecho. Pertenece al grupo del chavismo disidente a Nicolás Maduro y a la constituyente.

- Juicios civiles en tribunales militares. “Lo que significa una grave violación de los derechos humanos y el abandono por completo del estado de derecho, colocándonos frente a un tutelaje militar inaceptable e incompatible con las mínimas garantías judiciales que deben existir en un gobierno civil y democrático” (Cocuyo, 2017). Como bien lo señala el comunicado público, el pasado 08 de mayo de 2017 de la Comisión de Familiares y Víctimas (COFAVIC), organización no gubernamental para la protección y promoción de los derechos humanos.

- Realizada la Asamblea Nacional Constituyente, de manera ilegal e inconstitucional, pero también fraudulenta por la poca participación de la ciudadanía, muchos de ellos obligados como afirma la fiscal según denuncias que reposan en la fiscalía, y por las denuncias públicas de manipulación de los resultados, denuncias hechas por la misma empresa Smartmatic, encargada de la organización de elecciones por voto electrónico y que trabajara para el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Esta asamblea Constituyente, se ha convertido en la máscara más burda y mediocre de legalidad y demócrata que enmascara los actos propios de las dictaduras que es la persecución de la disidencia y el intentar crear una estructura de estado que limita las libertades e independencia de los ciudadanos y de sus organizaciones sociales, para someterlas a un gobierno totalitario, dictatorial generalmente dirigido por una cúpula corrupta y en nuestro caso también delincuente y narcotraficante, según investigaciones y denuncias públicas nacionales e internacionales.

LA FUERZA ARMADA NACIONAL

La Fuerza Armada Nacional Venezolana, es una institución que ha marcado la sociedad venezolana y es central en el ejercicio del poder de gobierno en Venezuela desde siempre, y ahora es la única institución que sostiene al gobierno de Nicolás Maduro a pesar de las continuas violaciones a la Constitución, al estado de derecho y de ir claramente en contra de la forma de gobierno establecida en la Constitución Nacional. Es lo que evidenciamos al contrastar la realidad nacional con algunos de los artículos de la Constitución Nacional, como lo es por ejemplo el Artículo 6 del Título I de los Principios Fundamentales de nuestra Constitución:

“El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables”.

Quienes vivimos en este país podemos ver con asombro que todos los principios señalados en este artículo son claramente violados, de manera evidente, por el Gobierno Nacional y por los líderes que conforman este gobierno y no sólo desde ahora sino ya mucho antes.

La Fuerza Armada Nacional es percibida como una entidad que responde a los intereses del Gobierno Nacional y con evidentes muestras de ser partidista en favor del partido de gobierno: PSUV. Es por todos conocido los eslogan y presencia de símbolos que promueven la influencia Castro comunista, no son pocas las denuncias de la injerencia de Cuba en inteligencia, seguridad y en las Fuerzas Armadas.

La participación del estamento militar en la conducción y ejecución de la administración pública desplazando a la sociedad civil es cada vez mayor, también es considerable el número de militares que ya en retiro son promovidos para alcaldías, gobernaciones y otros cargos de la dirección de la administración pública, con la inevitable consecuencia de tener una administración llevada desde el modo militar y con la profesionalización que responde más al estamento militar, a la ideología y fidelidad político partidista que a la excelencia en el área a conducir, en favor de los intereses y bienestar de toda la nación.

Los órganos de seguridad del estado especialmente la policía nacional y la guardia nacional, este último que es uno de los componentes de la fuerza armada, establecido fundamentalmente para el mantenimiento del orden público, ya desde enero de 2015, en la resolución 6.810 del Ministerio de la Defensa y en contradicción con la Constitución Nacional en su artículo 68 que prohíbe el uso de armas de fuego y de sustancias toxicas en el control de manifestaciones pacíficas, han utilizado armas de fuego e incrementado el uso de la violencia y de la fuerza desproporcionada, realizada con saña, con el fin de atemorizar a la población en su participación en las protestas públicas y pacificas organizadas por la oposición y la sociedad civil, además actúan conjuntamente con grupos ilegales armados que tienen la absoluta libertad para actuar como delincuentes, bajo la mirada permisiva de los organismos de seguridad.

Mencionamos sólo algunos hechos que producen el desprecio nacional, hacia las fuerzas armadas y organismos de seguridad, por ser expresiones de maldad injustificables:

- Wuilly Arteaga, un joven violinista que salió a protestar, haciendo de su violín la voz de su protesta en la lucha por la libertad de Venezuela. El 24 de mayo de 2017 fue agredido por la guardia nacional destruyéndole su instrumento y en posteriores protestas la agresión fue con mayor brutalidad causándole serias lesiones, afectando la audición en uno de sus oídos; fue también detenido, encarcelado y torturado. hoy se encuentra en libertad con medidas que le impiden el ejercicio de sus derechos.

- Neomar Lander, adolescente de 17 años de edad convencido de su lucha por liberar a Venezuela, participaba en las protestas manifestando en su propia vida el convencimiento en su consigna: “la lucha de pocos vale por la libertad de muchos”. El valor de esté adolescente y la vida que brotaba de sus ojos vivos y alegres, causó el temor de los organismos de seguridad, quienes el pasado 08 de junio de 2017 le quitaron la vida, en medio de una protesta, con el impacto de una bomba lacrimógena lanzada con el objetivo de causar daños mortales, más que el uso de la misma para disuadir.

- Cross es el nombre de una mascota, el perro de una de las residentes de los edificios, ubicado en el Paraíso, un sector de Caracas, que el pasado 13 de junio de 2017 fue allanado de manera, ilegal y sin el debido proceso, por parte de los organismos de seguridad del estado, quienes entraban a muchas de las residencias destrozando carros, televisores etc. y en esta oportunidad hiriendo gravemente a una mascota, que luego debió ser sacrificada para evitarle mayor sufrimiento. En la residencia sólo estaba la señora con su perro, quien ladraba al ver la actitud agresiva de los funcionarios, uno de ellos con plena conciencia de lo que hacía y de constatar, evidentemente, que el perro no representaba ningún peligro real, aun así, el funcionario le disparo en un ojo.

- El 5 de julio de 2017, al conmemorarse un año más de la declaración de la independencia de Venezuela, los colectivos, irrumpieron en la Asamblea Nacional de manera violenta portando objetos contundentes y muchos de ellos armados, bajo la mirada permisiva de la guardia nacional, componente militar responsable de la seguridad de las instalaciones de la Asamblea Nacional, agrediendo a los diputados con golpes y patadas, lanzando bombas lacrimógenas y detonando armas de fuego.

- El colmo de la maldad, que parece superar toda mentalidad delincuencial, en aquellos quienes están al frente de los organismos de seguridad y de justicia queda en evidencia, cuando leemos con asombro algunos titulares haciendo referencia a la protesta de los presos de el Dorado, uno de los centros penitenciarios de máxima seguridad, quienes se negaban a aceptar la entrada a jóvenes estudiantes al recinto, para ser tratados como un preso más, por el simple hecho de protestar pacíficamente contra el gobierno.
Estas actitudes, los testimonios de las víctimas que documentan las torturas de la fuerza armada y de todo el gobierno, les muestra de tal manera que para referirnos a ellos nos es espontaneo expresar el calificativo de barbaros en su acepción de fieros, crueles pero también nos evocan aquellos versos del poema “Esperando a los bárbaros” de Cavafis. Los versos hablan de la espera pública de los ciudadanos y sus autoridades, la ansiada llegada de los bárbaros, como una especie de solución, para legislar y posibilitar una mejor vida ciudadana.

Entendiendo bárbaros en su acepción como los que hablan otra lengua, los extranjeros que no hablan la propia lengua, del lugar donde ahora se encuentran, al escuchar hablar a esos extranjeros se escucha como un balbuceo, no se les entiende. Esto es lo que pudo ser el chavismo para el pueblo, en relación a la política y para la democracia venezolana, una propuesta y autores distintos al de los escenarios comunes para el momento en que el chavismo se hizo presente como propuesta política y representó algo nuevo que podía ser mejor, para muchos, una especie de solución.

Los últimos versos del poema y nuestra realidad venezolana hoy, coinciden pero con motivaciones contrarias: Se percibe inquietud y confusión, se ven caras serias y las calles y plazas, antes llenas de quienes les esperaban, se fueron vaciando y regresaron a sus casas tan desanimados.

En el poema, las caras serias, la confusión, la desolación se debe a que los bárbaros no han llegado para legislar. Por el contrario, en nuestra nación las caras serias y desolación se deben a que los bárbaros tienen casi dos décadas llevando las riendas y dirección de la nación y hoy con una Constituyente inconstitucional y fraudulenta, reorganiza y legisla nuestra vida nacional.
La percepción que se tiene de la Fuerza Armada Nacional, es la de una institución muy bien pagada sobre todo con beneficios bastante ventajosos en comparación con el resto de los empleados públicos, pero la mayor paga es la que se desprende de prebendas y oportunidades de gestionar planes e instituciones públicas asignadas a discrecionalidad del ejecutivo, con la posibilidad de administrar grandes sumas de dinero, con muy pocas estructuras de control sobre la gestión pública, esto ha devenido en una Fuerza Armada corrompida e involucrada en hechos grabes de corrupción, de tráfico, de narcotráfico, de violación de derechos humanos y de una serie de ilegalidades a gran escala que imposibilita, la independencia de sus miembros para hacer respetar la constitución y hacer valer el estado de derecho, pues un cambio de gobierno tendría como consecuencia la exigencia de la justicia en la presentación de cuentas no sólo de la administración del ejecutivo, sino de la administración y de las acciones institucionales ante los hechos que van claramente contra la Constitución Nacional , contra los derechos humanos y el debido proceso en todas las áreas donde la fuerza armada o sus miembros se han involucrado.

Con esta realidad militar, será difícil que podamos esperar de ellos una postura que exija el estado de derecho, el apego y respeto a la Constitución Nacional y, que esté en disposición de defensa de la democracia.

LA IGLESIA CATÓLICA

La Iglesia Católica, representada en la Conferencia Episcopal Venezolana, de cara al gobierno nacional ha sido crítica, ha procurado expresar una palabra de luz para el ejercicio del poder en el gobierno, ha sido una voz pastoral, clara, transparente y unánime lo que es fruto de la escucha y de la reflexión prudente, seria, enraizada en el Evangelio y en la vida concreta de los ciudadanos, especialmente en sintonía con los más pobres.

Esta actitud, le ha hecho merecedora por parte del gobierno de una campaña de descredito, difamación, persecución, burla, etc., encarnada en algunos de los obispos buscando socavar su credibilidad, aceptación, cariño y presencia en la sociedad sobre todo en los sectores populares, ha obstaculizado la acción social que desde siempre ha llevado la Iglesia, queriendo sacarla del corazón de la vida nacional y del corazón agradecido de los más pobres.

El gobierno nacional ha concretado expropiaciones e invasiones a propiedades de la Iglesia, ha pretendido intimidarla, desmoralizarla y humillarla con la acción de grupos colectivos en la agresión verbal y física a algunos obispos, sacerdotes y seminaristas; recordemos el grupo de cinco jóvenes seminaristas, entre ellos menores de edad, del Estado Mérida que en el mes de junio de 2016 fueron brutalmente golpeados, desnudados, y a quienes les quemaron sus ropas en las calles de la ciudad.

La Iglesia desde sus instituciones, entre ellas: universidades, colegios, centros de salud, geriátricos, parroquias, y en la persona de sus sacerdotes, religiosos y laicos comprometidos quienes llevan estas instituciones, han sido para los ciudadanos compañía, esperanza, una mano solidaria y fraterna que sufre los frutos del odio, la división y el fanatismo que todos estos años se ha intentado sembrar en la población venezolana, valiéndose de distintas estrategias que van desde la promoción de la santería hasta la manipulación de la imagen de su santidad el papa Francisco, intentando mostrar una Iglesia dividida y separada del Primado de Roma. A su vez, se ha manipulado la información intentando crear una supuesta oposición entre la voz de los Obispos de Venezuela y la del Santo padre. Esto, fue mucho más evidente en octubre de 2016 cuando el Vaticano atendió al llamado como facilitador y mediador para la instalación de una mesa de dialogo entre la oposición y el gobierno.

Es preciso señalar que no fueron pocos los sacerdotes, miembros de comunidades religiosas y muchos de los laicos comprometidos que se sumaron a la fuerza de cambio que ofrecía el discurso populista de Chávez.

Una Iglesia en la que la teología de la liberación resuena como una propuesta a la escucha de la Palabra de Dios y de compromiso evangélico en favor de los más pobres y excluidos, para muchos, parecía encontrar en ese discurso y personaje que venía de un sector popular, una especie de salvación para concretar desde la acción política y de gobierno, de manera masiva, eficiente y real, esa opción por los pobres, sin percatarse que, tal vez, era una propuesta o “mirada ideológica, que termina usando a los pobres al servicio de otros intereses políticos y personales” como lo recordaba el papa Francisco en su discurso en el polideportivo de León Condou, Asunción, Paraguay. Y nada nos distancia más de la propuesta de la teología de la liberación, que hacerla ideología.

Esta Iglesia, presente en la vida y sentir de la realidad nacional, sigue siendo una de las instituciones con mayor credibilidad en la sociedad, continúa siendo una voz que pide la vuelta a la constitucionalidad y al estado de derecho, sigue exigiendo el respeto de los derechos humanos, respeto al derecho a la protesta, y continua en su labor de solidaridad y caridad con los más necesitados y excluidos.

Por eso aboga por la apertura de un canal humanitario de medicamentos y alimentos, se solidariza con aquellos que sufren la persecución, la tortura y la privación de libertad de los presos políticos y de quienes ejercían su derecho a la protesta pacífica desde su labor en los centros penitenciarios también continúa exigiendo el cumplimiento de condiciones humanas mínimas para los privados de libertad.

Es una iglesia que continua comprometida con la justicia y la paz, abierta y disponible para facilitar un dialogo verdadero en condiciones razonablemente optimas que lleven a una mesa de dialogo confiable para llegar a acuerdos reales con garantías de ser cumplidos por las partes involucradas. Es una iglesia que continua fundamentalmente anunciando el mensaje de Jesús, nuestra fortaleza y esperanza en la posibilidad de construir una sociedad más justa y humana desde una vida cimentada en el amor fraterno.

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LA ORDEN DE PREDICADORES EN VENEZUELA
La presencia de la Orden en Venezuela, desde Familia Dominicana inmersa en el entretejido social, hace su aporte en la construcción de una Venezuela más justa y humana en la promoción de los valores evangélicos y democráticos, desde cada una de sus presencias y apostolados, fundamentalmente en las parroquias, vicarias, colegios y algunas obras sociales.

En Justicia y Paz O.P. Venezuela hemos iniciado un camino de trabajo conjunto con la Familia Dominicana y la promotoria de Justicia y Paz de la Orden. En este equipo de trabajo constatamos la necesidad de formarnos para abordar la realidad de violación de Derechos Humanos y la promoción de estos derechos en nuestras presencias como Orden. Hemos visto la necesidad de tener una coordinación común para unir fuerzas y posibilitar una única voz de protesta, denuncia, solidaridad, compañía, fortaleza y esperanza para Familia Dominicana y para la ciudadanía que hoy lucha por la verdad, democracia, justicia y paz.

Desearíamos de nuestra parte poder ofrecer respuestas a través de acciones ante los diferentes acontecimientos del país de la manera más pronta, eficiente y oportuna, pero la realidad de cada uno de los miembros, los recursos con que contamos, nuestras realidades institucionales (el vicariato en el caso de los frailes, las congregaciones en el caso de las hermanas, las fraternidades laicales y los grupos juveniles que conforman el MJD), y diferentes circunstancias, no posibilitan dar una mejor respuesta a esta situación de crisis humanitaria y de destrucción del sistema democrático como forma de organización social.

Como equipo de Justicia y Paz estamos consolidando inicialmente un plan común de trabajo que consiste en formación, fortalecimiento de las obras sociales que se tienen y la promoción de Justicia y Paz como un elemento fundamental en la vida y misión de cualquier presencia dominicana.

Ante todo lo acontecido proponemos:

Agenda urgente por la Democracia, O.P.
1- Participar y apoyar el trabajo en red, que se lleva a cabo con las diferentes ONG, federaciones, universidades, movimientos etc.

2- La actitud que deseamos expresar y generar en nuestra Familia Dominicana es la de ACOMPAÑAR Y SER SOLIDARIO.

3- Campaña de Fortaleza y Esperanza, sugerimos que quienes participen en manifestaciones públicas, usen el slogan “Fortaleza y Esperanza Venezuela. Justicia y Paz O.P.”

4- Participar en las manifestaciones públicas.

5- Canal Humanitario.
a- Campaña que exija y apoye el canal humanitario para medicamentos y alimentos.
b- Crear una red de distribución contactando y coordinando con los hermanos en los lugares donde tenemos presencia.
c- Frailes y hermanas que salen del país y esperan regresar, dispuestos a colaborar, para traer medicamentos como parte de su equipaje,
d- Apoyo y ánimo a las comunidades, que tienen ya un trabajo de atención a enfermos o de ayuda en alimentos, bien por preparar o ya preparados (como las hoyas solidarias).

6- Fortalecer la oración personal cotidiana, la participación en la oración comunitaria, sobre todo, en la celebración eucarística, le invitamos a tener presente en ella, la intención por una vida en la justicia y la paz.

Concretamente proponemos meditar una parte del rosario, sugerimos el día viernes de cada semana, por la justicia y la paz de Venezuela.

Ante toda esta situación que no hace justicia a la realidad por tanta mentira y decisiones tomadas a espaldas del pueblo que pareciera ensombrecer y matar nuestra esperanza, escuchamos la Palabra de Dios, que sostiene nuestra vida y nos da consistencia para seguir caminando con la esperanza cierta de que en medio de la noche oscura brotará la vida. “Miren voy a hacer algo nuevo; ya está brotando, ¿no lo notan? Abriré un camino por el desierto,…ofreceré agua en el desierto, ríos en el arenal, para apagar la sed de mi pueblo. El pueblo que yo me formé para que proclamara mi alabanza” (Is 43, 18-21).

Este es el Dios que camina con su pueblo y sostiene nuestra esperanza, nos hace ver que lo más importante es buscar el Reino de Dios y su Justicia pues, todo lo demás se nos dará por añadidura. Por tanto, “No se inquieten por el día de mañana; el mañana se inquietará por sí mismo. A cada día le basta su aflicción” (Mt 6, 33-34)...

Nuestra misión es dar razón de la esperanza que llevamos dentro como nos propone la carta de Pedro (1 Pedr 3, 15)...

No podemos dejar de lado las palabras del papa Francisco que nos alienta e ilumina con palabras que generan vida en nuestro caminar: “Nuestra esperanza no es un concepto o un sentimiento, sino una Persona, es el Señor Jesús a quien reconocemos vivo y presente en nosotros y en nuestros hermanos... La esperanza cristiana es sólida, no defrauda. No está fundada sobre aquello que nosotros podemos hacer o ser, y mucho menos en lo que nosotros podemos creer. Su fundamento es el amor que Dios mismo alimenta en cada uno de nosotros…El Señor ha derramado con abundancia en nuestros corazones, su Espíritu que es el amor de Dios, como artífice y como garante, justamente, para que pueda alimentar dentro de nosotros la fe y mantener viva la esperanza.

Sigamos adelante generando vida y vida en abundancia allí donde nuestros hermanos y hermanas nos necesitan…

COMUNICADO
Desde el equipo de Justicia y Paz de la Orden de Predicadores en Venezuela, expresamos nuestra preocupación por la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela, que se vienen aconteciendo en los últimos meses de manera significativa, derechos de diversa índole que van desde el derecho a la vida hasta el derecho a la manifestación pacífica, el derecho al voto, derecho a la libertad de expresión, hasta incluso derechos de carácter procedimental como la defensa y el debido proceso, todos estos derechos enmarcados en nuestro marco legal son violentados por parte del Estado Venezolano quien tiene la función irrenunciable de tutelar y velar por la garantía y goce de dichos derechos por parte de la ciudadanía.

Vemos con profunda preocupación la ausencia de instituciones autónomas e independientes, así como la criminalización de cualquier voz disidente al gobierno actual, todo lo cual representa una desviación de un sistema democrático a un sistema autoritario con un modelo de Estado autocrático y represivo.

Es nuestro deber iluminar pero, también propiciar el encuentro de todos los venezolanos a un camino de paz y fraternidad que garantice el respeto de los derechos y dignidad del ser humano, cuando un país no da garantías mínimas para el acceso a la alimentación, la salud, la justicia refleja claramente un modelo que se aleja de los ideales democráticos que constituyen la naturaleza de nuestra legislación y como ciudadanos debemos todos hacer el esfuerzo por restablecer el orden jurídico violentado, en el marco de los artículos 333 y 350 de nuestra constitución. Artículo 333: Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. (Venezuela, 2009)

Artículo 350: El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos. (Venezuela, 2009).

Para concluir, pedimos a cada uno de ustedes encomienden en sus oraciones a nuestro país y si alguno desea aportar con recursos que sirvan para el sostén económico del proyecto de Justicia y Paz en Venezuela por favor comunicarse con: Fr. Miguel A. Espinoza S., O.P. al correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Equipo coordinador:
Fr. Miguel A. Espinoza, O.P.
Sor Dilcia Zambrano, O.P. (D. de S. Rosa de Lima)
Sor Gissele Ortega, O.P. (D. de la Presentación)
Sor Nicida Díaz, O.P. (D. de la Presentación)
Sor Belén Sánchez, O.P. (D. Sagrada Familia)
Sor Maria García, O.P. (D. De Santo Domingo)
Sra. Liliana Rodríguez (Fraternidad Barquisimeto)
Sr. Ricardo Atencio (Fraternidad Maracaibo)
Julio Cesar Sánchez (MJD Mérida)
Jesús Vivas (MJD Barinas)
Edgar Albarracín, (Laico invitado).
Srta. Jamile Levy. (Laica invitada).
Srta. Joselyd Rodríguez, (Laica invitada)